El mar Mediterráneo central se convirtió en una letal ruta migratoria donde alrededor de 2.200 niños y niñas, mujeres y hombres desaparecieron o fallecieron en lo que va del año. El 2023 rompió el récord al convertirse en el año más mortífero de este trayecto migratorio desde 2017.
Para visibilizar la devastadora situación que se vive en el Mediterráneo y denunciar las prácticas fronterizas violentas y la inacción deliberada de los Estados europeos, que han provocado más muertes en el mar, hemos elaborado el informe Nadie vino a rescatarnos.
En este informe, basado en datos médicos y operativos recogidos por nuestros equipos a bordo de nuestro buque de rescate, Geo Barents, se documenta numerosos casos en los que los Estados costeros europeos ponen, conscientemente, en peligro la vida de las personas al retrasar, no coordinar eficazmente los rescates y/o al facilitar las devoluciones a lugares inseguros.
En 2023, el número de personas que llegan a las costas italianas a través de la ruta del Mediterráneo central se ha más que duplicado en comparación con el mismo periodo del año anterior, y Túnez ha superado a Libia como principal punto de partida.
Este aumento significativo de las salidas, unido a la falta de capacidades y recursos estatales de salvamento, ha traído como consecuencia un incremento de embarcaciones en peligro y de naufragios. Desde principios de año, una media de ocho personas ha perdido la vida o han desaparecido cada día en esta ruta.
Políticas migratoria de la UE: una falta de asistencia letal
Indiferentes al inmenso sufrimiento que se está produciendo a sus puertas, la Unión Europea y sus Estados miembros han seguido invirtiendo en políticas, leyes y prácticas migratorias perjudiciales que muestran poca o ninguna consideración por el coste humano que estas tienen.
Mientras nuestros equipos en el Mediterráneo sigue siendo testigos de devoluciones forzosas a Libia, los nuevos acuerdos con terceros países, como Túnez este verano y más recientemente con Albania, son los últimos y preocupantes intentos en Europa de desviarse de las obligaciones de los Estados de asistir a las personas que buscan protección.
«Una vez más, se prioriza la disuasión y la contención por encima de los derechos y la vida de las personas», se lamenta Juan Matías Gil, coordinador de nuestras operaciones de búsqueda y rescate en la región.
A principios de 2023, el Gobierno italiano adoptó nuevas normas que obstruyen las actividades de salvamento dirigidas por ONGs en el mar, con consecuencias mortales que limitan gravemente la asistencia humanitaria y amplían el vacío en las operaciones de rescate en el Mediterráneo Central.
En los nueve primeros meses de 2023, las autoridades italianas detuvieron a seis buques de rescate de ONGs, entre ellos el Geo Barents, en virtud de la nueva ley. Estas paralizaciones sumaron 160 días —más de cinco meses— en los que estos buques de las ONG estuvieron detenidos y no pudieron realizar rescates y evitar la pérdida de vidas.
Además, la práctica habitual de asignar puertos lejanos a los buques de las ONG obligó al Geo Barents a recorrer 28.000 kilómetros más —lo que equivale a unos 70 días de navegación extra— para llegar a puertos innecesariamente lejanos y regresar de ellos.
«Además de retrasar el acceso de los supervivientes a una asistencia médica adecuada, protección y servicios de acogida en tierra, fueron días en los que se nos mantuvo deliberadamente alejados de la asistencia a personas en peligro en el mar.
Violación de derechos humanos en el Mar Mediterráneo
A bordo del Geo Barents, nuestros equipos también fueron testigos de primera mano de flagrantes violaciones de derechos en las que Italia y Malta no coordinaron los rescates ni garantizaron la asistencia a las personas en riesgo de ahogamiento, lo que provocó retrasos en los rescates o que no se produjera ningún salvamento.
En varias ocasiones, las autoridades italianas han ordenado a los buques de las ONG que no presten asistencia a embarcaciones en peligro y las han obligado a dirigirse a puerto inmediatamente.
Por su parte, Malta se ha desentendido sistemáticamente de los rescates en los últimos años. A pesar de los convenios y reglamentos marítimos y la propia legislación maltesa que obliga a las autoridades a proporcionar «un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz», estas han ignorado las llamadas de socorro.
Entre enero y septiembre de 2023, realizamos 33 rescates dentro de la región maltesa de búsqueda y rescate. Ninguno de ellos fue coordinado por las autoridades responsables. En junio, documentamos al menos una muerte como resultado directo de la política sistemática de Malta de no prestar asistencia en el mar.
«¿Cuántas muertes más en el Mediterráneo central necesitan los Estados europeos para detener su enfoque hostil e inhumano?», denuncia Juan Matías Gil.
«Instamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros, especialmente a Italia y Malta, a que cambien inmediatamente de rumbo para dar prioridad a la seguridad de quienes buscan refugio en las costas europeas», añade.
La condición inhumana de los supervivientes frente a la crueldad del Mediterráneo
Entre enero y septiembre de 2023, nuestros equipos médicos realizaron 3.660 consultas a supervivientes en el Geo Barents.
Las personas rescatadas sufrían a menudo problemas de salud directamente relacionados con las peligrosas travesías marítimas, como quemaduras por combustible, intoxicación por inhalación de este, hipotermia y deshidratación.
Muchos supervivientes también sufrieron problemas médicos relacionados con las inhumanas condiciones de vida durante su cautiverio en Libia, como infecciones cutáneas y heridas no tratadas.
Además, 273 pacientes presentaban graves traumas relacionados con la violencia, como cicatrices de heridas de bala o palizas, embarazos no deseados causados por la violencia sexual y niveles preocupantes de angustia psicológica, como ansiedad, pesadillas y recuerdos.
«Desde hace más de dos años, nuestros equipos a bordo del Geo Barents tratan los impactos en la salud física y mental de las políticas migratorias europeas. Las heridas y las historias de los pacientes reflejan la magnitud de la violencia a la que fueron sometidos en su país de origen y a lo largo de su viaje, incluso en Libia y Túnez», expresa Gil.
