El 3 de mayo se cumplieron 10 años desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución 2286. Más de 80 Estados miembros se comprometieron a proteger al personal médico-humanitario, así como las infraestructuras, el transporte y el equipamiento sanitarios. Hoy hacemos un llamamiento a los Estados para que respeten este compromiso y protejan la atención médica.
Contamos con equipos que trabajan en más de 70 países de todo el mundo, incluidos Palestina, Líbano, Ucrania, Sudán, Etiopía y Myanmar, así como en otras zonas de conflicto y guerra. En la última década, 21 miembros de nuestro personal han muerto en 15 incidentes mientras desempeñaban su labor. Solo en 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques a la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud registró un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas.
“Lo que antes se consideraba excepcional se ha convertido ahora en algo habitual”, afirma nuestro presidente internacional, el Dr. Javid Abdelmoneim. “Observamos un desprecio flagrante por la protección de la misión médica en países en guerra. Los Estados que se comprometieron a proteger la atención sanitaria en 2016 deben dejar de esconderse tras excusas y acusaciones cruzadas, y actuar”.
En los últimos 10 años, los ataques contra la atención sanitaria han sido diversos e incluyen bombardeos aéreos contra hospitales en Siria y Yemen, ataques de artillería contra hospitales en Ucrania y Palestina, ataques con drones contra un hospital en Myanmar y ataques contra ambulancias claramente identificadas en Camerún, Haití y Líbano. La respuesta de los Estados responsables ha sido con frecuencia la negación, alegar errores o acusar sin pruebas la pérdida de protección. Además, el personal sanitario es cada vez más tratado como sospechoso en lugar de ser protegido.
La consecuencia inmediata de los ataques son la pérdida de vidas y las heridas. A largo plazo, el impacto es que las comunidades quedan a menudo privadas de atención vital, ya que las infraestructuras sanitarias no se reconstruyen o las organizaciones humanitarias suspenden sus actividades por motivos de seguridad. En 2025, nuestros equipos en Sudán realizaron cerca de 850.000 consultas ambulatorias, ingresaron a casi 95.600 personas y asistieron cerca de 29.000 partos.
En Gaza, en ese mismo periodo, los equipos realizaron 913.000 consultas ambulatorias, ingresaron a casi 54.000 personas y llevaron a cabo 89.800 sesiones de salud mental. En Ucrania, en 2025, nuestras ambulancias trasladaron a 10.700 pacientes, el 60% de ellos con heridas relacionadas con la guerra, y nuestros equipos realizaron 45.300 consultas ambulatorias mediante clínicas móviles y llevaron a cabo 9.750 sesiones de fisioterapia.
Cuando la infraestructura sanitaria resulta dañada o destruida, y si las personas tienen demasiado miedo de salir de sus casas para buscar atención médica, son las comunidades quienes sufren las consecuencias.
“La atención médica en contextos de conflicto está bajo una amenaza extrema, ya que los ataques contra el personal sanitario y las infraestructuras de salud en funcionamiento se han observado en casi todos los conflictos de la última década. Exigimos que los Estados respeten sus obligaciones y compromisos en virtud de la Resolución 2286 para garantizar una mayor protección y rendición de cuentas. La protección que se nos otorga a nosotros y a nuestros pacientes en virtud del Derecho Internacional Humanitario debe traducirse en acciones, no solo en palabras”.
Dr. Javid Abdelmoneim, presidente internacional de MSF.
